Others

9 pages
6 views

Los fines de la reforma a la justicia civil

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Los fines de la reforma a la justicia civil
Transcript
  Publicado en: “Voces en el Fénix”   (Revista del Plan Fénix: http://www.vocesenelfenix.com ) n° 30 (noviembre 2013) L OS FINES DE LA REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL  ¿Para qué debemos cambiar la forma de hacer justicia? Por: Leandro J. Giannini    “Nunca soplan vientos favorables     para quien no sabe adónde va” (Séneca)   1)   Introducción. El presente documento busca presentar una visión sintética de las finalidades principales que deberían inspirar una reforma a la justicia civil de nuestro país. Por estrictas limitaciones editoriales, no será éste el lugar de desarrollar en detenimiento los antecedentes de los postulados que se enuncian ni de explicar el funcionamiento de los instrumentos a través de los cuales se busca arribar a dichas metas. Nos contentaremos con presentar el norte que debe -a nuestro juicio- guiar las propuestas de reforma, con la mayor precisión posible, dentro de la simplicidad exigida al discurso para llegar al espectro más amplio de la comunidad. Cualquier decisión de política pública debe tener entre sus fases previas más significativas, la de la determinación de los objetivos que se proponen para lograr un cambio en la sociedad o en las instituciones. Esos propósitos trascendentes, a los que la totalidad de la reforma queda subordinada, deben ser precisados adecuadamente desde el inicio de la obra, luego de un delicado diagnóstico de los problemas que aquejan al fenómeno social involucrado.   Abogado. Profesor Adjunto Ordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Secretario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.  Obviamente, la reforma a la justicia no es ajena a esta metodología de trabajo. La visión teleológica de la labor reformista en el ámbito judicial es una condición fundamental para el éxito de la propuesta. Se busca por este medio evitar caer en el error que cometería quien, dotado repentinamente de un juego de herramientas, se lanzara a martillar, taladrar, erigir y demoler paredes, sin haber proyectado la obra a la que dichas tareas deben estar preordenadas, o  –  lo que es igualmente censurable- sin respetar el diseño ya trazado a tal efecto. El triunfo de esta concepción, por otra parte, impactará fructíferamente en la dinámica de la reforma, teniendo presente  –  con SÉNECA- que “nu nca soplan  vientos favorables para quien no sabe adónde  va”.   2)   Los fines de la reforma a la justicia civil y la lectura moderna de la garantía del debido proceso. Cuando se definen los objetivos prioritarios de una reforma integral de la justicia civil (englobando en esta expresión a la totalidad de la jurisdicción no penal: civil, comercial, contencioso administrativo, laboral, de familia, etc.) no pueden desconocerse las metas que impone una lectura moderna de la  garantía del debido  proceso . Como es sabido desde hace ya un tiempo, dicha directiva constitucional básica de nuestro ordenamiento (arts. 18, Const. Nac.; 8, Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros preceptos contemplados en tratados internacionales que poseen jerarquía supralegal en nuestro país) no se contenta ya con el reconocimiento a los ciudadanos de una razonable posibilidad de ser oídos, acompañada del derecho fundamental de ofrecer y de producir prueba (regularmente obtenida) en defensa de su postura. Además de ese derecho del “ defensa en juicio ” así entendido, la garantía del debido proceso impone asegurar a los ciudadanos el acceso igualitario al sistema de justicia, la presencia de un tribunal independiente e  imparcial que entienda en la litis, la preservación del principio de transparencia de los actos judiciales y la culminación del litigio mediante una sentencia fundada, dictada en un plazo razonable y útil (es decir: eficaz, idónea para cambiar la realidad en sintonía con la declaración de derechos contenida en el fallo). Ello sin contar las diversas garantías específicas que rigen en algunos ámbitos de enjuiciamiento caracterizados por la necesidad de una tutela diferenciada, como ocurre, por ejemplo, con el tratamiento de los conflictos que atañen a menores y otros grupos sociales vulnerables.  Varios de estos pilares han sido históricamente descuidados en nuestro país, que en muchos sentidos sigue haciendo justicia como se lo hacía en el siglo XIX, sin que la sociedad (y muchas veces los operadores jurídicos), adviertan que de este modo no sólo se desconocen principios básicos de gestión de los recursos públicos, sino que -en paralelo- se lesiona severamente la garantía del debido proceso. 3)    Acceso a la justicia El primer aspecto que no puede ser descuidado a la hora de determinar los instrumentos adecuados para una reforma significativa del sistema de justicia civil, es el capítulo del acceso a la justicia. Se trata de un pilar en cualquier concepción moderna de la garantía del debido proceso, que demanda trabajar especialmente en la remoción de los obstáculos materiales    que los ciudadanos encuentran al momento de tener su “día en la corte” para la defensa de sus derechos. El énfasis en la calidad “material” de los inconvenientes que muchos grupos sociales tienen para acceder a este servicio esencial, se justifica por el hecho de que, al día de la fecha, existe una variada gama de vías procesales previstas en nuestro ordenamiento, que aseguran que cualquiera que se sienta afectado en sus derechos, tegna una  vía “formalmente” prevista para llevar su caso a la justicia. El problema es  que por diversas razones, como la ausencia de recursos económicos, la falta de información suficiente acerca de los derechos que le asiste al afectado (desconocimiento que se agrava frente a una hiperinflación normativa que parece no tener fin), la relación costo-beneficio desfavorable del obrar individual, etc., muchas lesiones antijurídicas no llegan a ser remediadas a través del sistema, incentivándose así la opción por vías informales de solución de conflictos, en los que las diferencias materiales entre los ciudadanos tienden a agravarse, en vez de atenuarse. Un adecuado abordaje de los problemas del acceso a la justicia es entonces un pilar fundamental de cualquier reforma a la justicia civil, que se presente como conciliable con los principios de igualdad y debido proceso. 4)   Modernización, eficiencia e implementación de instrumentos de gestión. La eficiencia en el modo de hacer justicia es uno de los elementos más descuidados de nuestra realidad forense, de la que todos los operadores jurídicos (legisladores, miembros del poder ejecutivo, jueces y abogados), son responsables. Dotar de mayor eficiencia a la justicia civil es una de las metas más importantes que debe colocarse quien procure una reforma integral de la misma. La eficiencia suele ser vista en términos de duración y costos del pleito. Se trata de hacer justicia lo más rápido y económicamente que se pueda. Obviamente estas aspiraciones centrales demandan -entre otros motores- de adecuadas técnicas de gestión, de estructuras procesales acordes con la celeridad pregonada y de una aceptable relación de jueces por habitante. Lo que no debe confundirse, como habitualmente se lo hace en el ámbito forense, es la eficiencia con la eficacia del servicio de justicia. Hacer justicia debe llevar el tiempo justo que impongan sus objetivos primordiales, ya que no se trata de analizar el modo de llegar a una sentencia de la forma más barata y rápida posible. El  norte del servicio es la justicia de la decisión, que sólo puede obtenerse mediante una determinación epistemológicamente aceptable de los hechos controvertidos y una interpretación y aplicación correcta del derecho a las circunstancias probadas de la causa. La agilidad y economía de los mecanismos adoptados para llegar a decisiones que cumplan con esa condición varía según elementos como la complejidad de la controversia y la urgencia de la tutela requerida. Es por ello que no puede darse una respuesta única para la organización de procedimientos eficientes. La estructura de los tipos procesales deben variar siempre que existan razones justificadas para ello. Así, por ejemplo, deben establecerse procesos especiales para procesar expeditamente cualquier hipótesis de tutela de urgencia (en la que el análisis de los hechos se acota para arribar a una solución inaplazable, permitiendo en el futuro profundizar la discusión en un juicio de conocimiento pleno, que podría modificar los efectos de la decisión inicial). También deben contemplarse modelos procesales expeditos para abordar casos que no reclaman mayor debate y prueba, frente a la evidencia del derecho invocado. Nuestro país posee diversos modelos en los que se brindan soluciones aisladas a estos fenómenos (tutela “de urgencia” y “de evidencia”), sin tener reglas generales que permitan encuadrar adecuadamente estos tipos de litigio en el ámbito civil, laboral, contencioso administrativo y de familia. 5)   Mejora en la calidad del debate. Necesidad de implementar la oralidad para los procesos de conocimiento. Modificación del despacho judicial y de la estructura de los juzgados. Transparencia. Entre los capítulos que engloban aspectos de gestión, eficiencia y, especialmente, de eficacia del sistema de justicia civil, se encuentra indudablemente la preocupación por la mejora de la calidad de los debates.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks