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ACCION DE REPARACION DIRECTA -Retención de

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ACCION DE REPARACION DIRECTA
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    ACCION DE REPARACION DIRECTA - Retención de vehículo, camión de servicio público / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Legitimación en la causa por activa. Prueba de propiedad de vehículo automotor / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Niega pretensiones por cuanto los actores no demostraron la propiedad del vehículo. Registro de tradición de vehículo automotor En el caso de autos, se halla acreditada la existencia del título consistente en el contrato de compraventa del vehículo automotor de placas VSD 890, celebrado entre el señor Eudoro Juan Chamorro y los señores Luis Hernando Ortega Ramos y José Rómulo Ortega Betancourt el día 6 de abril de 1996. De este contrato sólo surgió la obligación de dar que se perfeccionaría con la inscripción del traspaso en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño, de lo cual no obra prueba alguna en el expediente. En efecto el único certificado de tradición que aparece, fue expedido el 4 de junio de 1997 y da cuenta que el propietario del referido vehículo es el señor EUDORO JUAN CHAMORRO ESPAÑA. Si bien obra un formulario único Nacional, en el que se solicita el traspaso de la propiedad del señor CHAMORRO ESPAÑA a los aquí demandantes, este documento no tiene la fuerza para acreditar tal dominio, pues no da cuenta que el contrato celebrado fue inscrito; además este formulario fue diligenciado el 24 de enero de 2000, es decir, dos años después de la fecha en que el vehículo le fue devuelto a los aquí demandantes. De modo, pues, que los demandantes no acreditaron tener la condición que invocaron en la demanda, esto es, la de propietarios del vehículo cuyos daños invocan; en estas condiciones las pretensiones no están llamadas a prosperar y habrán de denegarse. FUENTE FORMAL: LEY 769 DE 2002 / DECRETO 1809 DE 1990   REGISTRO DE VEHICULO AUTOMOTOR - Tradición de vehículo automotor En razón a la formalidad de la inscripción en el Registro Terrestre Automotor, ha de afirmarse que la tradición de un vehículo automotor, cuando sea aplicable la Ley 769 de 2002, solo nace con la inscripción en este Registro y se prueba, entonces, mediante el certificado expedido por la dicha autoridad, donde conste la inscripción y por lo tanto la tradición, asimilándose, entonces, al registro inmobiliario. (…) c on la Ley 769 de 2002 la institución del registro de vehículos automotores, adquiere la plena calidad de ser constitutivo de la tradición, pues si bien con la entrada en vigencia del Código de Comercio se estableció dicha formalidad, ella no ofrecía claridad, ya que como se mostró generaba la discusión sobre si esta norma se aplicaba únicamente en el tráfico mercantil o si, por el contrario, era extensiva a los actos civiles. Sin embargo, en cuanto a la prueba de la propiedad, se concluye que con la entrada en vigencia del Decreto 1809 de 1990, el registro terrestre automotor es la prueba idónea para determinar la propiedad, toda vez que éste es el contentivo de todos los datos necesarios para tal efecto y, además, refleja la situación jurídica de los vehículos automotores terrestres.   FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1809 DE 1990, CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, DECRETO LEY 1344 DE 1970 - ARTICULO 88 / LEY 53 DE 1989 / CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 922 / LEY 769 DE 2002 -  ARTICULO 47 COSTAS - No condena    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, la Sala se abstendrá de imponer condena alguna por este concepto. NOTA DE RELATORIA: Con aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero.  A la fecha, ésta relatoría no cuenta con el medio magnético ni físico de la correspondiente aclaración. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación número: 52001-23-31-000-2000-01407-01(27957) Actor: LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA Y OTROS Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y OTROS Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA) Se decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de 12 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal  Administrativo de Nariño, mediante la que se dispuso: “ PRIMERO:  DECLARAR QUE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, SON  ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABABLES DE LA RETENCIÓN INDEBIDA Y DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CAMIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MARCA DODGE 600, MODELO 1979, COLOR VERDE, PLACAS VSD-890, CHASIS DT-943803, AFILIADO A RAPIDO PUTUMAYO, CUYA SITUACIÓN PENAL LA DEFINIÓ LA FISCALÍA DELEGADA ANTE LOS JUECES REGIONALES DE SANTIAGO DE CALI, EN PROVIDENCIA DE 23 DE JULIO DE 19989 Y LA UNIDAD DELAGADA(SIC) ANTE EL TRIBUNAL NACIONAL DE BOGOTÁ, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998.  SEGUNDO:  CONDENAR IN GENERE A LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACINAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a  pagar con cargo a sus respectivos presupuestos y a favor de los demandantes LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA RAMOS Y JOSÉ RÓMULO ORTEGA BETANCOUR, como indemnización por concepto de  perjuicios materiales a título de lucro cesante y daño emergente, el valor que    resulte del incidente posterior. Se tendrá como base para efectuar la liquidación los parámetros señalados en la parte motiva de este fallo y las  pautas que señala la jurisprudencia del H. Consejo de Estado TERCERO. - DECLARAR probada la excepción perentoria de mérito de falta de legitimación en la cusa por pasiva en relación con el Ministerio de Interior (sic) de Justicia y del Derecho y de la Rama Judicial Dirección Ejecutiva de  Administración Judicial CUARTO. -DENEGAR LAS DEMÁS SÚPLICAS DE LA DEMANDA. ”   ANTECEDENTES 1. La demanda 1.1. Presentación de la demanda El 18 de diciembre de 2000, los señores LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA RAMOS y JOSÉ RÓMULO ORTEGA BETANCOUR, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., presentaron demanda mediante la cual solicitaron que se profirieran las siguientes declaraciones y condenas 1 : 1. “PRIMERA: LA NACIÓN  - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, MINISTERIO DE JUSTICIA Y FISCALÍA GENERAL DEL A NACIÓN, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, señores LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA RAMOS y JOSÉ RÓMULO ORTEGA BETANCOUR,  por retención, inmovilización e incineración de vehículo en los patios de las entidades demandadas. 2. SEGUNDA: Como consecuencia obligada de la declaración que antecede, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- MINISTERIO DE JUSTICIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pagarán  por concepto de perjuicios morales, a la fecha de ejecutoria del fallo y con base en certificación del Banco de la República la suma de dinero equivalente a 1000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes señores LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA RAMOS Y JOSE ROMULO ORTEGA BETANCOUR. 3. TERCERA: LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- MINISTERIO DE JUSTICIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pagarán a los demandantes, por concepto de perjuicios materiales, en lo que corresponde a lucro cesante causado y futuro, la suma de TREINT   A Y SESIS MILLONES DE PESOS ($36’000.000) Mcte, por daño emergente, la suma de $22.736.000.oo, destrucción del vehículo y $9.264.000 como gastos de abogado en el proceso penal”    1.2. Fundamento fáctico Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, la Sala los sintetiza así: 1  Fls. 4 a 16 del C. Ppal.    1. Los demandantes, señores LUIS HERNANDO FRANCISCO ORTEGA RAMOS Y JOSÉ RÓMULO ORTEGA BETANCOUR, compraron el 6 de abril de 1996, un vehículo camión de servicio público cuyas placas y modelo fueron consignadas en las pretensiones. 2. Los propietarios del vehículo lo entregaron en calidad de conductor a JOSÉ CARMEN EGAS LÓPEZ. Esta persona fue contratada por un tercero el 24 de mayo de 1997 para transportar granos, víveres y abarrotes, entre la ciudad de Cali y la población del Tigre, en el Departamento de Putumayo. Durante el recorrido fue asaltado y despojado del vehículo. 3. El señor JOSÉ CARMEN EGAS LÓPEZ presentó el denuncio correspondiente, el 29 de mayo de 1997 y el vehículo fue recuperado por la Sijin de la Policía, institución que lo puso a disposición de la Regional de la Fiscalía General de la Nación en donde se abrió investigación previa, ya que se encontraron componentes químicos que son considerados insumos para la producción de estupefacientes. 4. El 23 de julio 1998 La Fiscalía General de la Nación Delegada ante los Jueces Seccionales de Cali dispuso, mediante resolución, la entrega definitiva al señor LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS y/o a su apoderado, la cual sería efectiva si la providencia resultaba confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional. 5. El Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional, absolvió el grado jurisdiccional de consulta el 30 de septiembre de 1998. 6.  Al ser la resolución sometida a consulta por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional, el Director Nacional de Estupefacientes de Santa Fe de Bogotá el 28 de junio de 1999 asignó de forma provisional el vehículo al servicio del Departamento Administrativo de Segridad  –  DAS  –  Dirección General de Investigaciones de Santa Fe de Bogotá y dispuso que el Departamento de Policía de Putumayo  –  SIJIN de Mocoa, lo entregara para dicho efecto. 7. El 29 de diciembre de 1998 el Jefe de la SIJIN del Departamento de Policía de Putumayo, comisionado por la Fiscalía Regional de Cali, entregó el vehículo a LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS a través de su apoderado  judicial, diligencia en la que, además, intervinieron el Capitan Wilson Vergara Cetina Jefe de la SIJIN Departamento de Policía del Putumayo, el patrullero RAMIRO ANTONIO RIOS BUSTOS Jefe de Estupefacientes de la Unidad Judicial y el representante del Ministerio Público. 8. En la diligencia de entrega del vehículo se dejó constancia por parte del apoderado del señor LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS que el vehículo fue entregado de manera tardía y en pésimas condiciones, ya que se encontraba completamente destruido, por lo que solicitó la intervención de un perito, quien en su dictamen constató que el vehículo se encontraba incinerado y oxidado por acción del tiempo expuesto a la interperie y el desuso. 1.3. Fundamento jurídico La parte actora presenta el fundamento jurídico de la demanda así: “  Artículo 24 de C.N., porque todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y por tanto, las autoridades tienen la obligación de velar porque este derecho se cumpla sin causar daños o perjuicios a quienes hagan uso de él […] artículo 90 de la Constitución Nacional: el Estado responderá por los daños    antijurídicos qe le sean imputables […] los males sufridos por los demandantes, como consecuencia directa de la detención del vehículo, la demora en la entrega del mismo y la incineración les causó graves perjuicios […] contradiciendo los fines del estado (sic) y la prestación obligatoria y pública de los servicios de  protección, máxime como son los de proteger los derechos fundamentales de las  personas, por falla al presentarse por causa imputable a la administración, debido a la impericia, imprudencia o negligencia de sus administradores. […]” (Fl. 7, C1) 2. Actuación procesal en primera instancia 2.1. Admisión de la demanda Mediante auto de 15 de enero de 2001, el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño admitió la demanda de la referencia y ordenó tramitarla conforme a ley 2 . El auto admisorio fue notificado a las entidades demandadas así: A la Fiscalía General de la Nación el 15 de julio de 2001, al Ministerio de Defensa- Policía Nacional y el Ministerio de justicia el 19 y el 21 de julio siguientes 3 . 2.2. Escrito de contestación a la demanda El día 9 de julio de 2001, el apoderado del Ministerio de Justicia presentó su escrito de contestación a la demanda mediante el cual propuso la excepción que denominó“ indebida representación por pasiva”, la que sustentó en la autonomía e independencia de las ramas del poder público 4 . El 23 de agosto de 2001, la Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado  judicial, contestó el libelo. Se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó que los hechos no le constaban y que se atendría a lo probado. Propuso como medios exceptivos “La indebida representación de la parte demandada” y la “Falta de Legitimación en la causa por pasiva; la primera de las excepciones al fundamentó en que conforme a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la representación de la Rama Judicial está en cabeza de la Dirección Ejecutiva de  Administración judicial; la segunda excepción la sostuvo en que si bien el vehículo estaba a disposición de la Fiscalía, la custodia material del vehículo la tenía la Sijin 5 . El Ministerio de Defensa- Policía Nacional, contestó la demanda el 28 de agosto de 2001. En el escrito de contestación se opuso a todas las pretensiones de la demanda; en cuanto a los hechos negó algunos y respecto de los otros manifestó que se atendría a lo probado. Sostuvo como razones de defensa, que deberá probarse que existió un mal funcionamiento del servicio, que el mismo causó un perjuicio y que existe relación de causalidad entre este y aquél; pues a su juicio, la responsabilidad pesa unicamente en cabeza del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. 2.3. Periodo probatorio Por medio del auto de 15 de abril 2002, el Tribunal Administrativo de Nariño abrió el periodo probatorio y decretó las pruebas pedidas por las partes. 6 . 2  Fls. 41 y 42 del C1. 3  Fls. 49, 50 y 51, C1, respectivamente. 4  Fls. 59 a 66 del C1. 5  Fls. 67 a 74 del c1. 6  Fl. 118 del . C1.
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